(Fotos: Captura de video redes Gloria Horizonte)

Funcionarios judiciales y abogados fueron hostigados por un grupo de vecinos al intentar realizar un inventario ordenado por el Juzgado de Familia. El trasfondo: un acuerdo incumplido de desalojo y la vulneración de derechos de un adulto mayor.

El pasado lunes 1 de diciembre, lo que debía ser una diligencia judicial de rutina en la zona norte de San Lorenzo terminó en un episodio de tensión y agresiones verbales contra un Oficial de Justicia y abogados del foro local.

El hecho ocurrió frente al inmueble ubicado en calle Genaro Roldán N° 1486. Hasta allí se dirigieron el Oficial de Justicia Martín Bilota, junto a los abogados Emiliano Arroyo y Esteban Ruiz, para cumplir con una orden emanada por el Juez de Familia, Marcelo Escola: realizar una constatación del estado del inmueble y un inventario de bienes. Esta medida, conocida técnicamente como de "mera constatación", había sido acordada previamente por las partes en litigio.

Sin embargo, al arribar al domicilio, los profesionales se encontraron con un escenario hostil. Un grupo de vecinos, presuntamente convocados por una mujer identificada como Silvina Carolina Díaz, impidió el normal desarrollo de la labor judicial. Según testigos, los presentes comenzaron a filmar el procedimiento, insultar a los letrados y manifestarse agresivamente bajo la premisa de resistir un desalojo, a pesar de que se les explicó que la orden del día se limitaba exclusivamente al inventario y constatación.

Un acuerdo incumplido

El conflicto por la propiedad de calle Genaro Roldán tiene como protagonista a Martín Patricio Centurión, de 74 años, y a su hijastro, Diego Martín Ramos, de 48.

El origen de la disputa se remonta a una denuncia por supuesta violencia formulada por Ramos en mayo de este año, la cual derivó en la exclusión del hogar del señor Centurión. Sin embargo, con el correr de los meses, Ramos no pudo acreditar los hechos de violencia denunciados.

Ante esta situación, y bajo la supervisión del juez Escola, las partes llegaron a una solución consensuada en una audiencia celebrada el 1 de octubre de 2025. En dicha instancia, Diego Martín Ramos se comprometió a desocupar la vivienda en un plazo máximo de 60 días, fecha que venció precisamente este lunes 1 de diciembre. El acuerdo estipulaba que Ramos se retiraría llevando sus efectos personales para restituir el inmueble a Centurión.

Los derechos de un adulto mayor vulnerado

El caso reviste particular gravedad debido a la situación de vulnerabilidad de Martín Patricio Centurión. El hombre, de 74 años y con problemas de salud, es el cónyuge supérstite de la fallecida propietaria, María Angélica Díaz.

El Código Civil y Comercial ampara a Centurión con el derecho real de habitación gratuito y vitalicio sobre el inmueble, el cual adquirió en condominio con su esposa antes de casarse. Actualmente, se encuentra fuera de su propia casa debido a una medida cautelar basada en una denuncia que no prosperó probatoriamente, mientras espera que se cumpla el acuerdo de restitución.

Desobediencia judicial

Los incidentes del lunes no solo representaron un obstáculo para la justicia, sino también una presunta violación de medidas cautelares vigentes. Silvina Carolina Díaz, quien lideró la manifestación vecinal, posee una prohibición de acercamiento al domicilio de Genaro Roldán y hacia el señor Centurión, dictada el 1 de abril de 2025 tras una denuncia por violencia.

Asimismo, Díaz tiene una orden judicial expresa de abstenerse de realizar actos de hostigamiento o difamación contra Centurión por cualquier medio, incluyendo redes sociales. Su presencia en el lugar y la difusión del conflicto en medios y redes constituirían un incumplimiento directo de las mandas judiciales.

Tras el fracaso de la diligencia del lunes y el vencimiento del plazo para que Ramos abandone la vivienda voluntariamente, el señor Centurión quedaría facultado legalmente para solicitar el desalojo inmediato y el auxilio de la fuerza pública para recuperar su hogar.