La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación defendió el derecho del organismo a ocupar espacios en el edificio que se construye en la capital provincial y llamó a los ministros de la Corte a retomar el diálogo.
En el marco del acto de apertura del año judicial realizado este jueves por la mañana en la ciudad de Santa Fe, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, respondió consultas de periodistas sobre la disputa institucional en torno al nuevo Centro de Justicia Penal que se construye en la capital provincial.
Las declaraciones surgieron luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe señalara que el edificio en construcción corresponde al Poder Judicial, en referencia a la reciente reforma constitucional que consolidó la separación entre los ministerios públicos y el Poder Judicial.
Frente a ese planteo, Vranicich sostuvo que el MPA ya respondió formalmente a la Corte y que aguarda una definición de los ministros del máximo tribunal. “Nosotros ya hemos dado una respuesta por escrito y estamos esperando una contestación de los siete ministros de la Corte. Esperamos realmente llegar a buen puerto”, expresó.
Un reclamo basado en la Constitución
La fiscal general explicó que la postura del MPA se apoya en una cláusula transitoria de la nueva Constitución provincial que establece que los inmuebles ya afectados al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa no pueden cambiar de destino sin la conformidad de esos organismos.
En ese sentido, afirmó que el organismo solo reclama que se respete la letra de la norma. “Nosotros acá solamente le estamos pidiendo a los ministros de la Corte, nada más ni nada menos, que cumplan con la nueva Constitución”, remarcó.
Según explicó, desde el origen del proyecto el edificio del Centro de Justicia Penal contemplaba espacios destinados tanto al MPA como al Ministerio Público de la Defensa.
“Ese edificio tiene una parte que pertenece al Ministerio Público, tanto de la acusación como de la defensa, desde la génesis”, señaló.
“Esto es un divorcio”
Durante el diálogo con la prensa, Vranicich utilizó una comparación para explicar el cambio institucional que implica la separación del Ministerio Público respecto del Poder Judicial.
La fiscal recordó que en el ámbito nacional, tras la reforma constitucional de 1994, el proceso fue descripto como “un divorcio” entre ambos organismos. “Esto es un divorcio, y así tiene que ser entendido”, sostuvo.
En ese marco, consideró que la Corte provincial aún no asume plenamente ese nuevo esquema institucional. “El Poder Judicial, a través de los ministros que firmaron la acordada, lamentablemente no lo están entendiendo así”, afirmó.
La titular del MPA cuestionó además que la resolución del máximo tribunal se haya adoptado antes de una instancia de negociación institucional.
“Nosotros hacemos nuevamente un llamado al diálogo, porque el diálogo viene antes de las decisiones. Acá primero tomaron una decisión y luego llaman al diálogo”, señaló.
Como ejemplo de la situación, mencionó también el caso del Centro de Justicia Penal de Casilda, cuya inauguración está próxima. Según indicó, el MPA no firmará convenios que otorguen una “posesión precaria” del edificio si existe la posibilidad de que el Poder Judicial pueda reclamarlo en el futuro.
Posible intervención de la Corte Suprema de la Nación
Vranicich advirtió que, si no se alcanza un acuerdo institucional en la provincia, el conflicto podría escalar a instancias judiciales superiores.
“Eventualmente iremos a la Corte de la Nación. Incluso hemos hecho reserva convencional porque estamos convencidos de que hay que defender la institucionalidad del Ministerio Público de la Acusación y, en última instancia, la Constitución de la provincia”, sostuvo.
De todos modos, reiteró que la prioridad del organismo es alcanzar una solución mediante el diálogo con los ministros de la Corte santafesina. “Esperamos llegar a un buen puerto”, concluyó.