En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de este 12 de febrero de 2026, el oficialismo logró un triunfo político fundamental. Con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, llega con más de 50 modificaciones negociadas a contrarreloj para garantizar el apoyo de la oposición "dialoguista" y aplacar la resistencia de los gremios.

El triunfo de los gremios: Caja y aportes asegurados

A pesar de la retórica inicial de confrontación, el Gobierno cedió en puntos neurálgicos para los sindicatos con el fin de destrabar la votación.

•    Aportes Solidarios: Los gremios mantendrán la facultad de cobrar estos aportes de forma compulsiva a todos los trabajadores (afiliados o no). Se estableció un tope del 2% por un periodo de dos años.

•    Obras Sociales: Se dio marcha atrás con la reducción de la carga patronal; las empresas seguirán aportando el 6% (el proyecto original pretendía bajarlo al 5%).

•    Agentes de Retención: Los empleadores continuarán obligados a retener la cuota sindical de los recibos de sueldo, manteniendo el flujo directo de fondos hacia las estructuras gremiales.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El nuevo modelo de despidos

Uno de los pilares de la reforma es la creación del FAL, un sistema inspirado en el modelo de la UOCRA que busca reemplazar o complementar el régimen de indemnizaciones tradicional para reducir la litigiosidad.

•    Financiamiento: Estará a cargo exclusivamente del empleador mediante un aporte mensual calculado sobre la masa salarial.

•    Alícuotas: Las Pymes aportarán cerca del 2,5%, mientras que las grandes empresas lo harán en torno al 1%.

•    Objetivo: Crear un fondo inembargable que asegure que el trabajador cobre su indemnización de forma inmediata al cese laboral, evitando juicios que duren años.

Concesiones a las Provincias: El Impuesto a las Ganancias

Para asegurar los votos de los senadores que responden a los gobernadores, el oficialismo aceptó eliminar el artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%.

Dado que este impuesto es coparticipable, los mandatarios provinciales se negaban a resignar recursos fiscales en un contexto de ajuste.

¿Qué sigue ahora?

El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para su revisión. El objetivo máximo de la Casa Rosada es lograr la sanción definitiva antes del 1 de marzo, permitiendo que el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias con la ley bajo el brazo.

Sin embargo, se espera una batalla intensa en la Cámara Baja, donde el kirchnerismo y la izquierda ya han adelantado que cuestionarán la constitucionalidad de varios artículos, especialmente los referidos a la limitación del derecho a huelga en servicios considerados "trascendentales".