El Senado provincial aprobó el paquete impulsado por Maximiliano Pullaro, con cambios introducidos previamente por Diputados. La norma modifica herramientas de investigación penal, incorpora nuevos supuestos de allanamientos urgentes y prevé medidas sobre cárceles, inmuebles vinculados con delitos y recompensas.
La Legislatura de Santa Fe dio sanción definitiva el jueves 19 de noviembre a la ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, una iniciativa presentada por el Gobierno provincial que atravesó varios meses de discusión y recibió modificaciones durante su tratamiento en Diputados.
La Cámara de Senadores aprobó el texto que la Cámara baja había votado el 5 de noviembre. De acuerdo con las crónicas legislativas, la iniciativa obtuvo 15 votos afirmativos en general. El texto quedó pendiente de promulgación y publicación.
La reforma modifica cinco normas provinciales: el Código Procesal Penal, el Código de Convivencia, la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito y el programa de Protección de Víctimas y Testigos y Fondo de Recompensas.
Los principales cambios
1. Allanamientos urgentes
Uno de los puntos más discutidos amplía los supuestos en los que pueden realizarse allanamientos sin una orden judicial previa.
Según el texto descripto durante el tratamiento legislativo, la intervención fiscal se contempla en determinadas situaciones excepcionales, entre ellas investigaciones por homicidios, extorsiones o amenazas vinculadas con el crimen organizado y otros casos en los que exista riesgo de pérdida de pruebas. La medida queda sujeta a control judicial posterior.
Durante el debate en Diputados se incorporaron precisiones y controles respecto de la propuesta original. Por lo tanto, no se trata de una habilitación general para ingresar a cualquier domicilio sin orden judicial.
2. Declaración informativa ante el fiscal
La reforma incorpora la posibilidad de que un fiscal convoque a una declaración informativa a una persona vinculada con un hecho investigado cuando todavía no existan elementos suficientes para formular una imputación.
La persona deberá ser informada de sus derechos, entre ellos guardar silencio, retirarse y contar con asistencia letrada. Si declara sin abogado, sus manifestaciones no podrán utilizarse como prueba de cargo y quedarán limitadas a orientar la investigación.
El mecanismo aprobado queda bajo responsabilidad del fiscal. Diputados eliminó del proyecto original la posibilidad de que la Policía tomara ese tipo de declaración.
3. Juicios en ausencia
La ley amplía la posibilidad de que determinados procesos penales avancen sin la presencia de una persona declarada en rebeldía, hasta el dictado de una sentencia, bajo las condiciones previstas y con defensa técnica.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que el objetivo es evitar que causas penales prescriban cuando una persona se encuentra prófuga.
4. Inmuebles vinculados con actividades delictivas
El paquete incorpora herramientas para intervenir sobre inmuebles vinculados con actividades ilícitas.
Entre ellas, Cococcioni mencionó la posibilidad de inactivar o tapear puntos de venta de drogas por orden fiscal, cuando se trate de una medida reversible.
5. Régimen penitenciario para presos de alto perfil
La reforma también modifica la normativa de ejecución de penas y contempla un régimen penitenciario agravado para personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil.
El Gobierno sostiene que la medida busca impedir que internos sigan dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles. Su aplicación y alcance deberán observarse a la luz del texto definitivo y de las disposiciones que correspondan.
6. Inteligencia preventiva y recompensas
La normativa introduce cambios en el sistema de inteligencia y análisis para la prevención del delito e incorpora mecanismos sujetos a autorización judicial.
Además, actualiza el régimen vinculado con la protección de víctimas y testigos y el Fondo de Recompensas, dentro del conjunto de herramientas destinadas a favorecer las investigaciones y obtener información sobre delitos.
7. Contravenciones y control de celulares
El ministro Cococcioni señaló que la reforma incorpora un procedimiento por decreto para contravenciones, con el objetivo de agilizar su resolución.
También indicó que se prevén controles preventivos del código IMEI de teléfonos celulares, orientados a desalentar el mercado de dispositivos robados. El alcance concreto de esos controles deberá evaluarse a partir del texto promulgado y de su aplicación.
Qué puntos quedaron afuera
La discusión en Diputados modificó aspectos que habían generado objeciones. Entre las propuestas eliminadas se encontraban las zonas de intervención policial especial y la posibilidad de que la Policía tomara determinadas declaraciones a personas investigadas.
El texto que llegó al Senado conservó la declaración informativa, pero a cargo de un fiscal y con garantías para la persona convocada.
El debate político
Para el Gobierno provincial, la reforma suma herramientas para investigar y prevenir delitos. Cococcioni sostuvo que el eje de los cambios está en las facultades de los operadores judiciales y no en una ampliación discrecional de las atribuciones policiales.
Durante el tratamiento también hubo cuestionamientos. El diputado Carlos Del Frade expresó su rechazo a la iniciativa y advirtió sobre sus posibles efectos en materia de garantías y control social.
¿Cuándo entra en vigencia?
La Legislatura ya completó la sanción, pero la fecha de aplicación depende de la promulgación y publicación de la norma. Cococcioni estimó que comenzaría a regir ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial y que podría estar operativa hacia fines de noviembre. Esa fecha era una estimación, no una publicación confirmada.
