El proceso judicial de Vicentin dio un giro decisivo este martes 11 de noviembre, al reconocer formalmente el juez Fabián Lorenzini a la firma Grassi S.A. como la primera oferente en alcanzar las mayorías necesarias para el acuerdo de salvataje (cramdown), abriendo la puerta a la fase final del concurso preventivo.

En una resolución clave, el magistrado confirmó el informe de la sindicatura y dispuso un plazo de cinco días para que los legitimados concursales presenten eventuales impugnaciones al acuerdo propuesto por Grassi.

“Hágase saber que el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo ha sido Grassi S.A. (…) Los legitimados procesales concursales podrán impugnar dicho acuerdo dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta providencia”, detalla la resolución.

Las mayorías clave

La sindicatura plural (integrada por Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García) validó que la propuesta de la firma rosarina logró la adhesión de 1.141 acreedores sobre un total de 1.708.

Esto se traduce en un 65,97 % de las cápitas y un 84,99 % del capital verificado, superando holgadamente los requisitos establecidos por la Ley de Concursos y Quiebras.

El documento detalla que la adhesión decisiva fue presentada por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) el pasado 31 de octubre, consolidando la mayoría y permitiendo a Grassi notificar al tribunal el cumplimiento legal y solicitar la homologación del acuerdo y la adjudicación de acciones.

Grassi se impuso en la pulseada

La resolución del juez Lorenzini zanjó la disputa con el consorcio integrado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). Si bien ambos oferentes informaron haber alcanzado las mayorías el mismo 31 de octubre, la decisión judicial dejó claro que Grassi fue el primero en comunicar y obtener la validación de las conformidades válidas por parte de la sindicatura, un factor clave en la Ley 24.522.

Grassi S.A. agradeció el apoyo de los acreedores y ratificó su objetivo de “recuperar una compañía de la enorme trascendencia que tiene Vicentin para todo el sector agroindustrial”. Su propuesta incluye la continuidad operativa de la empresa; incentivos para productores, incluyendo recompra de granos a sobreprecio; y un esquema de recuperación total para acreedores financieros que aporten nueva prefinanciación para exportaciones.

El tramo final del concurso

Con la confirmación judicial y el plazo de cinco días para impugnaciones en curso, el expediente ingresa en su etapa definitoria. Si no prosperan objeciones fundadas, el juez Lorenzini estará en condiciones de dictar la sentencia de homologación.

Esta sentencia oficializará el traspaso del capital accionario y el control operativo de Vicentin, poniendo fin a un proceso judicial de casi cinco años. La empresa, que entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s 1.500 millones y más de 1.700 acreedores, se encamina a una nueva etapa bajo conducción privada nacional.