La iniciativa busca poner en funcionamiento el mecanismo de participación ciudadana incorporado en la nueva Constitución provincial. Contempla votación presencial y digital, crea una Plataforma Provincial de Participación Ciudadana y establece garantías de seguridad, accesibilidad y transparencia.

El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, presentó un proyecto de ley destinado a reglamentar las consultas populares en Santa Fe, mecanismo de democracia semidirecta incorporado en el artículo 61 de la nueva Constitución provincial.

Traferri, quien además participó como convencional constituyente de la reciente reforma de la Carta Magna santafesina, planteó que la iniciativa constituye el paso necesario para transformar en una herramienta concreta uno de los nuevos mecanismos de participación ciudadana.

“Durante la Convención Constituyente incorporamos a la nueva Constitución herramientas para que la ciudadanía tenga una participación más directa en los asuntos públicos. Ahora nos toca darles vida a través de las leyes que las reglamenten”, expresó el legislador.

La propuesta establece un régimen para la convocatoria, organización, desarrollo, fiscalización y escrutinio de las consultas populares, destinadas a conocer la opinión de los santafesinos sobre asuntos considerados de interés general.

De acuerdo con el proyecto, la participación será optativa y el resultado de las consultas no tendrá carácter vinculante. Además, las preguntas sometidas a consideración de la ciudadanía deberán ser formuladas de manera clara y neutral y admitir únicamente respuestas por “Sí” o por “No”.

Votación tradicional, electrónica y remota

Uno de los puntos novedosos de la iniciativa es la incorporación de diferentes alternativas tecnológicas para participar de las consultas.

El texto contempla tres modalidades: votación presencial mediante soporte físico, voto electrónico presencial y voto remoto a través de plataformas digitales.

Sin embargo, la propuesta establece que la incorporación de tecnología deberá convivir con los mecanismos tradicionales, con el objetivo de evitar que una persona quede imposibilitada de participar por razones tecnológicas, geográficas, económicas o de accesibilidad.

Traferri sostuvo que la transformación digital puede ser utilizada para facilitar el ejercicio de los derechos políticos, aunque remarcó que deberá implementarse bajo estrictas condiciones de seguridad.

“Las tecnologías ya cambiaron la forma en que trabajamos, estudiamos y hacemos trámites. Es razonable que también puedan facilitar el ejercicio de los derechos políticos, pero siempre con las máximas garantías”, señaló.

En este sentido, la iniciativa contempla estándares de ciberseguridad, auditorías independientes obligatorias, mecanismos de protección de datos y trazabilidad de los procedimientos.

Una plataforma permanente de participación ciudadana

El proyecto propone además la creación de una Plataforma Provincial de Participación Ciudadana, concebida como una infraestructura digital permanente que no se limitará exclusivamente a las consultas populares.

Según la propuesta, la herramienta también podrá utilizarse para desarrollar presupuestos participativos, audiencias públicas y otros mecanismos vinculados con políticas de gobierno abierto y participación de la ciudadanía.

Asimismo, se plantea la creación del Observatorio Provincial de Democracia Digital, que tendrá carácter consultivo y estará integrado por representantes del Tribunal Electoral, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Su función será evaluar los procedimientos implementados y formular propuestas para su mejora.

La autoridad encargada de organizar, fiscalizar y realizar el escrutinio de las consultas será el Tribunal Electoral de la Provincia. El proyecto incorpora además criterios de accesibilidad universal, transparencia, publicidad de los datos y neutralidad de la publicidad oficial.

“Queremos una democracia más participativa, más transparente y más cercana a la gente”, manifestó Traferri, quien consideró que ampliar estos espacios de intervención ciudadana permitirá fortalecer “la calidad institucional de nuestra provincia y la confianza en nuestras instituciones”.

Con la iniciativa, el senador sanlorencino busca avanzar así en la reglamentación legislativa de uno de los instrumentos incorporados durante la reciente reforma constitucional, para que el mecanismo de consulta popular pueda comenzar a aplicarse efectivamente en la provincia.