El senador provincial cuestionó la desregulación impulsada por la Casa Rosada al advertir que ponía en riesgo la seguridad de la navegación y el funcionamiento del complejo agroexportador. Además, valoró la suspensión de la medida tras el conflicto que paralizó la actividad portuaria.

El senador provincial Armando Traferri (PJ) cuestionó con dureza el Decreto 690/2026 del Gobierno nacional, que proponía desregular el régimen de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos y canales del país, y celebró que finalmente la administración de Javier Milei decidiera suspender su aplicación tras el conflicto que afectó durante dos días a la operatoria portuaria.

Durante la sesión del jueves en la Cámara alta santafesina, el legislador sanlorencino calificó la iniciativa como una medida "insólita, inédita, insensata e irresponsable" y sostuvo que evidenciaba un profundo desconocimiento sobre las particularidades de la navegación en la hidrovía Paraná-Paraguay.

Traferri explicó que la normativa pretendía eximir a los buques de contratar prácticos y capitanes con experiencia en la zona, una decisión que, según advirtió, comprometía seriamente la seguridad náutica y ambiental. En ese sentido, remarcó que el ingreso de embarcaciones de gran porte a las terminales portuarias del Gran Rosario requiere obligatoriamente profesionales especializados debido a las características del canal navegable.

"Es imposible ingresar un buque de 200 metros de eslora por el río Paraná si no es a través de un práctico y de un capitán con experiencia", afirmó el senador, quien recordó que incluso con personal altamente capacitado se han registrado varaduras que afectan el funcionamiento del complejo agroexportador.

El legislador también hizo referencia al impacto que generó el conflicto derivado del decreto, al señalar que durante 48 horas más de 150 buques permanecieron a la espera de ingresar a las terminales portuarias. Según indicó, una eventual avería de una de esas embarcaciones en un punto estratégico del río podría ocasionar consecuencias de enorme magnitud para la navegación y la infraestructura.

Asimismo, cuestionó la contradicción entre el discurso oficial y las medidas adoptadas por la nación. Consideró que este tipo de decisiones deterioran la imagen de la Argentina frente al comercio internacional y generan importantes pérdidas económicas tanto para Santa Fe como para el país.

Finalmente, Traferri valoró que el Gobierno nacional haya decidido revisar la medida. "Celebro que, al igual que con la Ley de Tierras, hayan recapacitado y suspendido este decreto", expresó, al tiempo que destacó la importancia de preservar la seguridad y la confiabilidad del sistema portuario argentino.

Cabe recordar que el Ejecutivo nacional dejó sin efecto la aplicación del Decreto 690/2026 mediante el Decreto 716/2026, acordó una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje y conformó una mesa de trabajo para elaborar un nuevo marco regulatorio, luego del conflicto que mantuvo paralizada gran parte de la actividad en los puertos argentinos.