La orden de desalojo dictada por el Gobierno provincial pone a los efectivos en una situación límite: el deber de obedecer contra la empatía por el reclamo de sus propios compañeros y familias.
La calma tensa que reinaba frente a la Unidad Regional II se quebró el lunes por la noche. Lo que comenzó como una concentración pacífica de familiares y allegados de la fuerza provincial, derivó en un escenario de conflicto interno tras la orden directa del Ejecutivo santafesino de liberar los accesos al edificio de Ovidio Lagos al 5200.
El conflicto dejó de ser una simple puja presupuestaria para convertirse en un espejo incómodo para la institución: de un lado del cordón, el personal de guardia cumpliendo órdenes de desalojo; del otro, las familias de esos mismos agentes gritando por un salario que, aseguran, no alcanza para cubrir la canasta básica.
A pesar de los recientes anuncios oficiales, los manifestantes sostienen que las medidas son meros paliativos. La consigna es clara y resuena en las paredes de la Jefatura: "Queremos aumento de sueldo y no un plus".
El rechazo a las sumas fijas o extraordinarias radica en su carácter no remunerativo. Los familiares explican que estas cifras "en negro" no impactan en el aguinaldo, no benefician a los retirados y, fundamentalmente, no consolidan la carrera policial. "Buscamos un aumento real que dignifique el riesgo que corren cada día", señalaron voceros de la movilización.
El factor "Policía vs. Policía"
El punto de mayor fricción se produjo cuando llegó la notificación oficial para despejar la zona. En ese momento, la jerarquía y la operatividad se enfrentaron al sentimiento de pertenencia.
La encrucijada del efectivo: El policía que custodia el ingreso se encuentra en una situación de "doble lealtad": la institucional, que le exige garantizar el funcionamiento de la sede, y la personal, al saber que quienes protestan lo hacen por su propio bolsillo.
Al no poder sindicalizarse ni realizar huelgas, los efectivos dependen de sus familias para visibilizar el conflicto. Esto genera un escudo humano que la provincia ahora busca retirar mediante el uso de la misma fuerza policial.
"Es doloroso ver cómo nos mandan a desalojar a nuestras propias familias que están acá pidiendo por nuestra comida", murmuraba un efectivo que prefería mantener el anonimato mientras observaba el despliegue.
La reactivación de la protesta en Rosario marca un nuevo capítulo de desgaste en la relación entre la Policía de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad.
Mientras el Gobierno apuesta a la normalización del servicio mediante decretos y órdenes de desalojo, las bases policiales parecen decididas a mantener el pulso a través de sus allegados.