El destino de la monumental construcción de hormigón ubicado en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Congreso, en la zona sur de San Lorenzo, atraviesa un punto de inflexión crucial. La estructura, concebida originalmente por el condenado por narcotráfico y lavado de activos Delfín David Zacarías para albergar un imponente gimnasio y polideportivo, se encuentra hoy en el centro de una encrucijada que combina el reclamo de seguridad vecinal urgente y un histórico proyecto de reinserción educativa.

El exconcejal de San Lorenzo, Marcelo Remondino, volvió a la carga por el futuro del emblemático edificio, manifestándose rotundamente en contra de la posibilidad de que la propiedad sea rematada con fines puramente recaudatorios. Cuestionó de manera firme que el patrimonio de la ciudad se liquide para financiar al Gobierno Nacional y exigió que el inmueble se preserve para cumplir una función social.

Durante la instancia de decomiso, organismos estatales como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP (actual ARCA) pretendían que la propiedad fuera rematada para recaudar fondos. Sin embargo, la Fiscalía Federal y el Tribunal se opusieron firmemente a la venta comercial, logrando que los bienes decomisados pasen a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con un destino específico de uso público. 

"Recuperamos un bien del narcotráfico para una fiscalía, que es la que combate las causas, y para una escuela, que es la que saca a los chicos de la droga. El bien está decomisado, ya no pertenece a Zacarías y la Justicia decidió no venderlo para que quede en la comunidad", sintetizó el exconcejal Marcelo Remondino, impulsor de la iniciativa ante las autoridades provinciales y judiciales.

Abandono, vandalismo y "aguantadero": la ofensiva municipal

Pese a los avances dominiales y el destino social acordado, la demora burocrática en la tramitación administrativa ante la AABE generó un grave problema de vulnerabilidad urbana.

Las continuas denuncias de los vecinos por intrusiones, robos y destrozos motivaron una presentación formal de "extrema urgencia" ante el TOF N° 1 de Rosario por parte del intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; la secretaria municipal de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; y el secretario municipal de Coordinación General, Alejandro Cabral, el pasado 5 de agosto de 2026.

Las autoridades municipales alertaron que la propiedad dejó de ser un riesgo hipotético para convertirse en un hecho consumado de ocupación ilegal y vandalismo sistemático. "La propiedad está siendo utilizada por la delincuencia como aguantadero y depósito para ocultar elementos de origen ilícito, generando un clima de constante temor, angustia e inseguridad en los vecinos del barrio", remarca el escrito presentado ante el estrado judicial.

Por ello, la Intendencia de San Lorenzo solicitó la custodia provisoria del predio para proceder de forma inmediata al tapiado y cierre total de las aberturas de ingreso, garantizando la preservación del inmueble hasta su traspaso definitivo.

Tras la intervención municipal y los reclamos de la comunidad educativa, la Secretaria del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, Dra. Julieta Dellepiane, notificó a los Directores de la Comisión Mixta de Registro y a la SEDRONAR.

En la cédula oficial se anexaron las resoluciones judiciales (N° 80/2023, N° 112/2026 y decretos dictados en agosto de 2026) junto a los escritos presentados por el Ejecutivo de San Lorenzo (visibles a fojas 2003-2009 y 2022-2030 del expediente) para definir las medidas de administración y resguardo del bien.