
Lo que se inició como una respuesta judicial ante un violento conflicto entre vecinos decantó en un sorpresivo golpe al comercio de estupefacientes en la región. Un hombre de 31 años fue detenido en las últimas horas en el marco de un operativo policial que, si bien buscaba evidencias por amenazas y destrozos, terminó desmantelando un aparente punto de venta de drogas.
La causa penal que dio origen al procedimiento estuvo en manos del fiscal de San Lorenzo, Javier H. Paz. El funcionario público tomó intervención tras la denuncia de víctimas que manifestaron sufrir una agresiva campaña de amedrentamiento. De acuerdo a los datos del expediente, el ahora detenido no solo había provocado severos daños de forma intencional en un automóvil, sino que además enviaba constantes mensajes intimidatorios que hacían temer por la integridad física de los denunciantes. Ante el peligro inminente, la Fiscalía ordenó un inmediato operativo de irrupción.
Efectivos de la Policía de Investigaciones, resguardados por el personal de la Policía de Acción Táctica, irrumpieron en forma sorpresiva en una vivienda de calle Batería Independencia al 700 en barrio José Hernández. En el lugar se logró la inmediata captura del principal sospechoso, a quien las autoridades identificaron como Brandon P.
El verdadero vuelco de la jornada ocurrió durante la requisa de las habitaciones. Los investigadores, que inicialmente buscaban elementos vinculados a las amenazas, hallaron un escenario completamente criminal. En distintos sectores del inmueble se incautó un pistolón calibre 32 que se encontraba apto para el disparo, junto a una serie de cartuchos del mismo milímetro.
A este peligroso armamento se sumaron tres bolsas plásticas con una sustancia vegetal que dio positivo para marihuana en los test químicos, dos balanzas de precisión digitales empleadas comúnmente para el fraccionamiento de estupefacientes, y teléfonos celulares que serán analizados por los peritos técnicos.
Este imprevisto hallazgo obligó a cambiar el rumbo legal del procedimiento. Ante la evidencia de una presunta actividad ligada a la comercialización de sustancias a baja escala, se le dio inmediata intervención a la fiscalía especializada bajo el marco de la Ley de Microtráfico provincial.
Actualmente, el acusado permanece privado de su libertad a la espera de la audiencia imputativa por los delitos de daños y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. En paralelo, la justicia de microtráfico analiza los elementos secuestrados para determinar el alcance de los lazos delictivos de Brandon P. en la zona, bajo la coordinación del Ministerio Público de la Acusación.
