Néstor Rozín aseguró que invirtió recursos propios para mejorar el acceso al hotel que administra sobre la autopista Rosario-Córdoba debido al deterioro del camino. Sin embargo, Vialidad Nacional sostiene que la intervención fue irregular y ordenó restituir el sector a su estado original.
Un conflicto entre un empresario hotelero y Vialidad Nacional generó controversia luego de que se conociera la intimación para remover una obra realizada sobre un tramo de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba, frente al hotel que administra en la ciudad de Funes.
El empresario Néstor Rozín, CEO del establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 307.5, afirmó que decidió intervenir con recursos propios ante el mal estado del acceso al predio, una situación que, según relató, venía generando inconvenientes desde hacía tiempo.
Rozín explicó que habían solicitado reiteradamente a Vialidad Nacional y a la empresa concesionaria del corredor vial la reparación del sector, mientras que también aguardaban una posible colaboración municipal. Sin embargo, ante las demoras y la proximidad de eventos importantes programados en el hotel, optó por realizar tareas de bacheo y acondicionamiento utilizando maquinaria y materiales aportados por terceros.
Según el empresario, la intención fue mejorar la circulación y garantizar un acceso seguro para los asistentes a distintas actividades. Incluso aseguró que durante la ejecución de los trabajos hubo objeciones iniciales de personal de Vialidad, aunque luego se habría permitido continuar con las tareas.
No obstante, varios meses después recibió una carta documento mediante la cual Vialidad Nacional le otorgó un plazo de diez días para devolver el tramo intervenido a su estado anterior.
La versión de Vialidad
Desde el organismo nacional expusieron una versión distinta de los hechos. A través de un comunicado, señalaron que detectaron conexiones ejecutadas de manera irregular entre la autopista y un acceso privado, y sostuvieron que las obras fueron realizadas sin autorización ni evaluación técnica.
De acuerdo con la explicación oficial, las subidas y bajadas creadas de forma no habilitada representan un riesgo para la seguridad vial, debido a la falta de señalización preventiva, carriles adecuados de aceleración y desaceleración, iluminación y otros requisitos indispensables en una vía de circulación rápida.
El organismo sostuvo que este tipo de intervenciones puede provocar maniobras imprevistas y diferencias bruscas de velocidad entre vehículos, incrementando el riesgo de siniestros.
Por su parte, Rozín cuestionó la situación y planteó una contradicción entre las exigencias para garantizar accesibilidad al establecimiento y la imposibilidad de intervenir sobre un camino bajo jurisdicción estatal. Además, aseguró que buscará revertir la medida y expresó su confianza en alcanzar una solución mediante canales administrativos o judiciales.