
El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos cuestionó las reformas impulsadas por el Gobierno de Santa Fe y alertó sobre posibles vulneraciones de garantías constitucionales. Entre los puntos más controvertidos mencionó los interrogatorios policiales sin abogados, los allanamientos sin orden judicial y la creación de zonas especiales con mayores facultades para las fuerzas de seguridad.
El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos expresó un contundente rechazo al proyecto de ley denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, al considerar que sus disposiciones representan un retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que la iniciativa contiene medidas que considera incompatibles con la Constitución Nacional y la recientemente reformada Constitución de la provincia de Santa Fe. Además, advirtió que algunas de las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal podrían ampliar significativamente las atribuciones policiales en detrimento de los mecanismos de control judicial.
“El proyecto es inadmisible, retrógrado, un avasallamiento en los derechos humanos y un gran retroceso en materia penal”, manifestó la entidad, que aclaró que sus cuestionamientos no constituyen, a su entender, una mera descalificación política, sino una descripción del contenido de la iniciativa.
Cuestionamientos durante el debate legislativo
El pronunciamiento se produjo en el marco del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se desarrolló una audiencia y un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Según señaló el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, durante esas instancias participaron entidades civiles, organizaciones sociales, colegios profesionales y organismos públicos que expresaron objeciones constitucionales a la propuesta del Poder Ejecutivo.
La organización aseguró que existió coincidencia entre los participantes respecto de la inconstitucionalidad de la iniciativa. Asimismo, indicó que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) también formuló cuestionamientos al proyecto, sumando nuevas observaciones al debate sobre el alcance de las reformas.
Las medidas que generan mayor controversia
Entre los aspectos que motivaron el rechazo, el comunicado identificó una serie de modificaciones que, según la organización, podrían afectar derechos fundamentales de las personas sometidas a procedimientos policiales o investigaciones penales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de realizar interrogatorios policiales sin la presencia de un abogado defensor, una disposición que, según la entidad, comprometería las garantías del debido proceso.
También expresó preocupación por la habilitación de allanamientos sin orden judicial, la ampliación de facultades para tareas de inteligencia policial y la posibilidad de mantener detenida a una persona durante un período de hasta 48 horas para averiguación de antecedentes.
Otro de los puntos señalados es la eventual admisión de pruebas obtenidas mediante procedimientos ilegales, algo que la organización considera contrario a los principios constitucionales que regulan la investigación penal.
Zonas especiales de intervención policial
El comunicado dedicó especial atención a la propuesta de crear las denominadas “Zonas de Intervención Policial Especial”, espacios territoriales en los que las fuerzas de seguridad contarían con atribuciones extraordinarias.
De acuerdo con la interpretación del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, estas zonas permitirían establecer controles estrictos de acceso y restricciones horarias a la circulación en la vía pública.
La entidad comparó el alcance de esas facultades con una situación similar a un estado de sitio, al entender que podrían limitarse derechos individuales sin los controles constitucionales correspondientes.
Se trata de una de las principales objeciones planteadas por la organización, que advierte sobre las consecuencias de concentrar mayores facultades de intervención en las fuerzas policiales.
Advertencias sobre la nueva Constitución santafesina
El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos también señaló una contradicción entre las reformas propuestas y los principios establecidos en la nueva Constitución de Santa Fe, sancionada durante la actual gestión provincial.
En ese sentido, consideró que las disposiciones cuestionadas no solamente podrían afectar garantías individuales, sino también alterar el equilibrio institucional y la división de poderes.
“Lo sorprendente y paradójico es que todas estas antidemocráticas propuestas violentan la mismísima Constitución Provincial recientemente sancionada durante su mandato”, sostuvo la organización.
Desde esa perspectiva, el comunicado planteó que las políticas destinadas a combatir el delito deben desarrollarse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento constitucional y respetando los derechos de las personas.
Reclamo para que se respeten las garantías constitucionales
En el tramo final de su pronunciamiento, la entidad reiteró su rechazo a la iniciativa y reclamó a los legisladores que eviten aprobar disposiciones que, a su criterio, puedan vulnerar los principios democráticos.
La organización también vinculó algunas de las facultades policiales propuestas con prácticas de períodos autoritarios de la historia argentina, una comparación que utilizó para fundamentar su preocupación por el alcance de las reformas.
“No se puede combatir el delito debilitando las garantías constitucionales. Es urgente, es ahora”, concluyó el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos.
El planteo se incorpora así al debate legislativo sobre las herramientas que pretende implementar el Gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro para fortalecer la seguridad pública, en medio de una discusión sobre los límites de la actuación policial, el control judicial y la protección de los derechos individuales.
