La Fiscalía atribuyó funciones de coordinación, venta y fraccionamiento de drogas a cinco personas, cuatro de ellas integrantes de una misma familia. El juez Gazza dispuso seis meses de prisión preventiva para Pablo T. y medidas restrictivas para los otros acusados.

Cinco personas fueron imputadas este martes en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo por una investigación sobre comercialización de estupefacientes en Pueblo Andino. Según la acusación presentada por el fiscal Diego Giro, la actividad se habría desarrollado al menos desde mayo de este año hasta el 1º de octubre, cuando los investigados fueron aprehendidos durante una serie de allanamientos.

Al finalizar la audiencia, el juez de primera instancia Carlos Gazza hizo lugar a un acuerdo entre las partes y dispuso seis meses de prisión preventiva efectiva para Pablo T., señalado por la Fiscalía como responsable de dirigir y coordinar la comercialización.

Para Gianela A., Morena F., Fernando T. y Natalia T., el magistrado estableció medidas alternativas a la detención hasta el 3 de febrero de 2027. Deberán fijar domicilio y presentarse cada quince días en la comisaría correspondiente a su residencia. Además, tendrán prohibido ingresar a Pueblo Andino, salir de Santa Fe sin autorización previa, tener estupefacientes o armas y mantener contacto o acercarse a cualquiera de los demás coimputados.

Los roles atribuidos por la Fiscalía

La hipótesis fiscal describe una actividad con distribución de funciones. A Pablo T. se le atribuyó impartir instrucciones a quienes realizaban las ventas, controlar los puntos de comercialización y las líneas telefónicas utilizadas, gestionar el abastecimiento de drogas y exigir la rendición del dinero recaudado.

En ese contexto, la investigación detectó desplazamientos hacia San Lorenzo que, según la acusación, tenían como finalidad obtener nuevas sustancias. Sin embargo, no se logró determinar el lugar concreto de aprovisionamiento.

Gianela A., hermana de Pablo T., habría actuado como nexo con quienes efectuaban las entregas, además de realizar ventas y participar en la administración de la recaudación mediante un alias bancario. La Fiscalía también le atribuyó advertir sobre la presencia policial y disponer interrupciones temporales de la actividad para evitar su detección.

Morena F. fue señalada como vendedora directa y encargada de reunir efectivo y comprobantes de transferencias para su posterior rendición. Según la imputación, también derivaba compradores hacia otros vendedores cuando no disponía de sustancias.

A Fernando T., hermano de Pablo y Gianela, se le atribuyeron entregas de dosis en domicilios o puntos convenidos, el manejo del denominado “celular de la venta”, la recepción de pagos y la colaboración en el fraccionamiento.

Respecto de Natalia T., madre de los tres hermanos, la acusación sostiene que habría facilitado su domicilio para guardar y fraccionar estupefacientes.

Allanamientos, dinero y motocicletas

Los procedimientos del 1º de octubre abarcaron cuatro domicilios de Pueblo Andino. En una vivienda de Ricardo Andino al 300, vinculada a Pablo T., se secuestraron 515.200 pesos, 100 dólares, documentación y motocicletas. Una Corven Triax 250 tenía un pedido de secuestro vigente por robo.

En otro inmueble, situado en Calle 3 entre Sarmiento y Rivadavia, se incautaron teléfonos celulares, siete cartuchos calibre 32 y 545.900 pesos. También se encontraron una KTM Duke 250 con pedido de secuestro y una Benelli 135 con sus numeraciones identificatorias suprimidas.

En el domicilio vinculado a Natalia T., ubicado en Potalivo entre Los Pinos y la ruta provincial 26S, se hallaron una balanza y 31 recortes de bolsas plásticas, sin restos visibles.

En la vivienda relacionada con Morena F., en Los Robles y Nicolás D’Eramo, se secuestró un picador con sustancias que dieron positivo en pruebas orientativas para cocaína y marihuana. El parte consignó peso neto cero para la primera y 0,5 gramos para la segunda. También se encontraron dos motocicletas Honda Wave: una con pedido de secuestro y otra con numeraciones limadas.

La Fiscalía explicó que la acusación por comercialización se apoya en la valoración conjunta de esos elementos, las tareas investigativas de Prefectura Naval Argentina, intervenciones telefónicas y un procedimiento anterior. En ese operativo, realizado el 14 de mayo, se habían secuestrado 135 gramos de cocaína a Natalia Q., una persona distinta de Natalia T.

Además de la imputación por comercio de estupefacientes, Pablo T., Gianela A. y Morena F. fueron acusados de encubrimiento por hechos vinculados con motocicletas que tenían pedidos de secuestro o numeraciones suprimidas. Las responsabilidades atribuidas deberán ser examinadas durante el avance de la causa.