La causa se inició tras una denuncia anónima que alertó sobre la supuesta contratación de un sicario para atentar contra el gobernador de Santa Fe durante una visita a la ciudad de Ceres. La Justicia dispuso la prisión preventiva de uno de los investigados y ordenó nuevos procedimientos en Santiago del Estero, donde fue detenido otro sospechoso.

La investigación judicial por un presunto plan para asesinar al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, registró nuevos avances en los últimos días, con la detención de un segundo sospechoso en la provincia de Santiago del Estero y la decisión de mantener en prisión preventiva a uno de los hombres investigados en la ciudad santafesina de Ceres.

La causa, que se encuentra a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, se originó a partir de una denuncia anónima que advertía sobre la supuesta contratación de un sicario para atentar contra el mandatario provincial durante una visita oficial al norte santafesino.

Los procedimientos realizados hasta el momento permitieron secuestrar armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y una importante suma de dinero, mientras los investigadores procuran establecer si efectivamente existió una planificación criminal y determinar el grado de participación de las personas mencionadas en la denuncia.

Una denuncia al 911 que desencadenó la investigación

El miércoles 28 de octubre, poco después de las 5 de la mañana, la central de emergencias 911 recibió una comunicación anónima en la que inicialmente se alertaba sobre presuntos puntos de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal.

Sin embargo, durante la llamada, el denunciante también aportó información sobre un supuesto plan para asesinar al gobernador Pullaro, quien el día anterior, martes 27 de octubre, había visitado esa localidad para participar de la inauguración de obras.

De acuerdo con la información suministrada, tres hombres domiciliados en Ceres habrían contratado a un sicario en la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero, para ejecutar el atentado.

La denuncia también señalaba que un empresario gastronómico de esa localidad santiagueña habría sido el encargado de trasladar al presunto atacante y que una propiedad perteneciente a otro de los involucrados habría sido seleccionada como el lugar desde donde se efectuaría el disparo.

Un dato que llamó la atención de los investigadores fue que el denunciante se comunicó en tres oportunidades, en un lapso inferior a diez minutos, para reiterar la advertencia y aportar detalles sobre la supuesta maniobra.

A partir de esa información, la Fiscalía dispuso una serie de medidas destinadas a identificar a las seis personas mencionadas, establecer sus posibles vínculos y reconstruir sus movimientos mediante el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, tomando como referencia el lunes 26 de octubre.

Allanamientos en Ceres y el secuestro de un revólver

Como parte de las primeras medidas investigativas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos en distintos domicilios de Ceres, ubicados en Matheu al 900, en la intersección de Echagüe y Mariano Vera, y en Remedios de Escalada de San Martín al 800.

Los procedimientos derivaron en la aprehensión de dos hombres, uno de ellos identificado por sus iniciales P.A.P., de 66 años, y otro mencionado como M.A.G., vinculado a la actividad gastronómica.

En el domicilio de calle Matheu al 900, donde fue localizado el principal investigado de esta primera etapa, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32 largo, con cartuchos en su tambor, que se encontraba en condiciones de efectuar disparos.

A raíz de ese hallazgo, el hombre de 66 años fue imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Posteriormente, en una audiencia judicial, la jueza Cecilia Álamo dispuso que permaneciera en prisión preventiva sin un plazo determinado, mientras continúan las medidas de investigación.

Entre los elementos pendientes de análisis se encuentran las pericias sobre teléfonos celulares y la reconstrucción de los posibles contactos entre los sospechosos, con el objetivo de establecer si existieron comunicaciones o acuerdos relacionados con el supuesto atentado.

Un nuevo detenido en Santiago del Estero

La investigación tuvo una nueva derivación con un procedimiento realizado en la localidad de Selva, Santiago del Estero, donde fue detenido un hombre identificado por su apellido G.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cuatro teléfonos celulares, una computadora de escritorio, una notebook, una tableta, un pendrive, un dispositivo de grabación de video (DVR) y una tarjeta de memoria microSD, además de documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.

También se incautó una pistola Bersa calibre 9 milímetros, junto con 48 cartuchos, y una suma de ocho millones de pesos en efectivo.

Según trascendió del procedimiento, el detenido manifestó ser legítimo usuario del arma de fuego y sostuvo que el dinero secuestrado provenía de su actividad comercial.

Todos estos elementos quedaron sujetos a las correspondientes verificaciones y pericias judiciales.

El fiscal Odriozola prevé avanzar con la imputación del nuevo detenido en una próxima audiencia, instancia en la que se conocerán formalmente los hechos y la calificación legal que se le atribuyen.

Las amenazas contra el gobernador

El avance de esta investigación se conoció en un contexto marcado por las reiteradas amenazas que recibió Maximiliano Pullaro desde el inicio de su gestión, particularmente durante los primeros meses de 2024, cuando el Gobierno provincial profundizó las medidas de seguridad y las intervenciones sobre el sistema penitenciario.

Durante su participación en la ExpoSeguridad, el mandatario reveló que había recibido más de 56 amenazas desde su asunción hasta los episodios de violencia registrados en marzo de 2024, que incluyeron una serie de crímenes que conmocionaron a Rosario.

Si bien señaló que posteriormente las intimidaciones disminuyeron, reconoció que no desaparecieron por completo.

En relación con la investigación iniciada en Ceres, desde el Gobierno provincial expresaron preocupación por la gravedad de la información recibida y señalaron que se trata de un asunto que debe ser esclarecido por la Justicia.

Por el momento, la existencia de un plan concreto para asesinar al gobernador no ha sido acreditada judicialmente. La investigación continúa orientada a determinar la veracidad de la denuncia, los posibles vínculos entre los involucrados y si hubo actos preparatorios destinados a concretar el supuesto atentado.