Un hecho ocurrido en la localidad de Pueblo Andino generó fuerte indignación entre vecinos y puso bajo cuestionamiento el accionar de la Guardia Urbana Comunal. Un vecinalista expuso públicamente una situación que calificó como “un desastre”, tras denunciar que agentes comunales se llevaron a una perra atropellada con el compromiso de asistirla y llevarla a un veterinario, pero que horas más tarde el animal apareció en estado crítico tirada en un basural.

Según relató, el episodio se produjo el 1° de enero, alrededor de las 20, en la zona de la Garita 8. Allí, una perra perteneciente a un vecino fue atropellada por un automóvil. El conductor del vehículo descendió para auxiliarla y, junto a otro vecino que se acercó al lugar, intentaron trasladarla de urgencia a una veterinaria.

En ese momento, intervino un móvil de la Guardia Urbana Comunal. De acuerdo al testimonio, los agentes indicaron a los vecinos que se quedaran tranquilos porque “nosotros nos hacemos cargo”, y procedieron a cargar al animal en el baúl del vehículo oficial. Esa secuencia, remarcó el denunciante, tuvo testigos.

Sin embargo, al día siguiente por la mañana, la perra fue hallada en condiciones alarmantes en un basural ubicado detrás de las vías del ferrocarril. Fue un joven vecino quien la encontró “deshidratada, moribunda, tirada en la basura”, y la trasladó de inmediato a una veterinaria, donde recibió atención urgente.

La situación se volvió aún más grave cuando, al difundirse imágenes del estado del animal, vecinos advirtieron que se trataba de la misma perra que había sido retirada la noche anterior por la Guardia Urbana. “Era imposible que se movilizara por sus propios medios”, afirmó el vecinalista, al refutar la explicación brindada posteriormente por los agentes, quienes sostuvieron que el animal “se fue caminando sola”.

“Eso es tomarnos por tontos o idiotas”, expresó con dureza, y subrayó que las fotos que circularon demostraban que la perra no estaba en condiciones físicas de desplazarse. Actualmente, el animal continúa internado y su estado sigue siendo delicado.

El episodio derivó en una reunión entre la familia propietaria de la perra y la vicepresidenta de la Comuna. Según se supo, allí se prometió que las autoridades se harían cargo de la situación, aunque un hecho particular volvió a generar malestar: la funcionaria habría consultado a los dueños de la mascota “qué sanción querían darle” a los agentes involucrados.

“Me parece que eso no corresponde”, cuestionó el vecinalista, al considerar que la determinación de eventuales sanciones debería ser una responsabilidad institucional y no una carga trasladada a los vecinos afectados.

El caso sigue generando repercusiones en Pueblo Andino y reabre el debate sobre el control, la formación y la responsabilidad de los agentes comunales, especialmente en situaciones que involucran la vida y el bienestar de animales.