Un abogado local tomó cartas en el asunto tras el agravamiento de salud de un paciente que fue ignorado por su médica de cabecera y sufrió deficiencias en el sanatorio "Rosendo García". Ante la crisis, exigen la urgente designación de un auditor médico presencial en la ciudad para terminar con la burocracia dependiente de Rosario.
Un nuevo caso de desidia médica y burocracia institucional encendió las alarmas en la ciudad de San Lorenzo. Familiares de un afiliado de PAMI, que actualmente transita una internación domiciliaria, debieron recurrir a la intervención legal tras un delicado cuadro de agravamiento de escaras con infección.
La situación se originó, por un lado, a raíz de una atención médica deficiente en el sanatorio “Rosendo García”, y por el otro, debido al completo abandono por parte de su médica de cabecera, identificada como la Dra. V.S.
Según las pruebas aportadas, la profesional de la salud ignoró sistemáticamente los mensajes y pedidos urgentes de los familiares. La doctora no gestionó las prestaciones vitales que el cuadro exigía como Internación domiciliaria, Medicación y cremas para las escaras y curaciones, Cama ortopédica y Colchón antiescaras.
Días después de los insistentes y desesperados reclamos, la doctora se limitó a enviar un mensaje informando que había renunciado como prestadora de PAMI y "agradecía la confianza". Sin embargo, su renuncia se hace efectiva recién a partir del mes de agosto, por lo que su obligación de atender a los pacientes durante el mes de julio seguía completamente vigente.
Ante la gravedad del caso, el abogado sanlorencino Gabriel Filippini asumió la representación legal y se presentó junto a un familiar directo en la sede local de PAMI.
A diferencia de la desatención médica, Filippini destacó la rápida y eficiente intervención del nuevo delegado local y sus empleados, quienes actuaron de manera inmediata para destrabar los trámites que la médica de cabecera no habían realizado, logrando resoluciones positivas para el afiliado.
En la sede local, el Dr. Filippini no solo expuso lo sucedido en el sanatorio Rosendo García y el accionar de la médica, sino que planteó una exigencia estructural clave para todos los jubilados de la región.
El abogado exigió la inmediata habilitación de un médico auditor que funcione de manera presencial en esta ciudad. El objetivo es resolver las necesidades de los afiliados agrupados en la sede San Lorenzo, evitando las crónicas demoras y trabas administrativas.
"Es inaceptable que, además de no tener un centro de atención médica en la ciudad y obligar a los afiliados a trasladarse a sanatorios de Rosario -generándoles gastos, desgaste físico y pérdida de tiempo-, se los someta a la espera de resoluciones de funcionarios rosarinos para autorizar estudios, internaciones o medicación", expresó el Dr. Gabriel Filippini.
Dr. Gabriel Filippini
Para evidenciar la gravedad del sistema actual, el letrado remarcó que un simple traslado en ambulancia hacia los sanatorios de Rosario debe solicitarse con 48 horas de anticipación, un plazo inviable ante urgencias médicas.
Para evitar que los pacientes sigan siendo víctimas de un sistema saturado, donde los médicos de cabecera no tienen cupos y la burocracia retrasa la salud, la intervención legal exige dotar a la sede local de mayores herramientas de decisión como la presencia diaria de un auditor médico para autorizar prestaciones de manera inmediata sin depender de Rosario.
El abogado destacó que también es necesaria una unidad de traslado exclusiva. “Una ambulancia dispuesta únicamente para las urgencias y derivaciones de la sede sanlorencina”, explicó y demandó un mayor poder de resolución local, “otorgándole a los empleados y al delegado las facultades necesarias para sortear la burocracia centralizada”.
El caso de este afiliado destapó una olla a presión sobre las condiciones en las que se atiende a los adultos mayores en el cordón industrial, dejando en evidencia que, aunque la voluntad del personal local exista, sin recursos ni autonomía, la salud de los jubilados sigue en riesgo.