Franco Bartolacci, rector de la UNR

El Gobierno nacional logró la aprobación de la ley de Presupuesto 2026 en una extensa sesión desarrollada el viernes pasado en el Congreso de la Nación. La norma, impulsada por la gestión de Javier Milei, incluye artículos que podrían impactar de manera directa en el financiamiento del sistema educativo, las universidades públicas y el área de ciencia y tecnología, lo que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores académicos.

Uno de los pronunciamientos más críticos fue el del rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, quien apuntó tanto contra la política educativa del Ejecutivo nacional como contra los senadores por Santa Fe que acompañaron la iniciativa. En particular, cuestionó el voto afirmativo de los radicales Carolina Losada y el sanlorencino Eduardo Galaretto, mientras que el tercer representante provincial en la Cámara alta, el peronista Marcelo Lewandowski, votó en contra.

Consultado sobre la postura de Losada y Galaretto, Bartolacci fue categórico: “La posición de algunos senadores es incomprensible. Dicen tributar algunas tradiciones, pero después actúan en contra en el Congreso”, sostuvo. En ese sentido, consideró que “la posición de los senadores la tienen que explicar ellos para justificar sus decisiones”, y remarcó que “cuando uno suscribe a una tradición que hace de la educación pública, la producción del conocimiento y la ciencia su columna vertebral, no puede tomar decisiones que vayan en contra”.

El rector profundizó sus críticas al señalar que estas decisiones resultan aún más llamativas porque “razonablemente, todos saben que eso es así”. “Pasó en el financiamiento universitario con la senadora Losada, volvió a pasar ahora. Es bastante insólito”, expresó.

Los artículos más polémicos

Entre los puntos más controvertidos del presupuesto se encuentra el artículo 30, que finalmente fue aprobado por mayoría y elimina los pisos mínimos de financiamiento para los sistemas Educativo y de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa.

Esta medida generó múltiples reclamos desde el interior del país, donde existe preocupación por el posible desfinanciamiento de las escuelas técnicas.

Otro de los artículos que despertó resistencia fue el 12, que establece la obligación de las universidades de presentar información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias para la asignación y evaluación de recursos, habilitando al Ministerio de Capital Humano a interrumpir las transferencias en caso de incumplimientos. Según advirtieron desde el ámbito universitario, esta disposición le otorga al Gobierno la facultad de suspender el envío de fondos si considera que la rendición de cuentas no es correcta.

Paradógicamente, en la previa, la Unión Cívica Radical había manifestado reparos sobre este punto, aunque finalmente los votos de sus senadores acompañaron la iniciativa.

Para Bartolacci, el presupuesto aprobado “va a generar dificultades” en el normal funcionamiento de las universidades públicas, ya que “dispone para 2026 la misma cantidad de recursos que para 2025”, en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.

No obstante, el rector destacó la reciente medida cautelar de la Justicia Federal que ordenó frenar la suspensión del financiamiento universitario dispuesta por decreto y avanzar en la actualización de salarios y becas. “La ley de financiamiento es importante porque repara hacia atrás: recompone los salarios respecto de la inflación registrada desde diciembre de 2023 hasta octubre del año pasado”, explicó, y valoró que “fue muy importante la decisión de la Justicia”, ya que “fija un piso sustancialmente distinto al que aprobó el Congreso”.