El nuevo Régimen Penal Juvenil comienza a regir en todo el país. Desde hoy, Santa Fe aplica un sistema escalonado de medidas y reservará el alojamiento en centros cerrados para los casos de mayor gravedad.

A partir de este sábado entra en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. De este modo, los adolescentes que hayan cumplido esa edad al momento de cometer un delito podrán ser sometidos a un proceso penal especialmente diseñado para personas menores de 18 años.

La modificación forma parte de la ley nacional Nº 27.801, sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. En Santa Fe, el nuevo régimen se articula con el Código Procesal Penal Juvenil aprobado en 2023 y con la legislación provincial que regula la ejecución de las medidas impuestas a adolescentes.

La entrada en vigencia de la norma no implica que todos los menores acusados de cometer un delito deban ser encarcelados. El sistema contempla respuestas diferentes según las características personales del adolescente, las circunstancias del hecho y la gravedad de la conducta investigada. La privación de la libertad quedará reservada para determinadas situaciones y deberá aplicarse como medida excepcional.

Entre las alternativas previstas se encuentran las amonestaciones, la reparación del daño causado, la realización de tareas comunitarias y las prohibiciones de contacto o acercamiento. También podrán imponerse otras medidas destinadas a evitar el encierro cuando la Justicia considere que no resulta necesario.

Tres niveles de restricción de la libertad

Cuando un juez determine que corresponde aplicar una medida privativa de la libertad, Santa Fe utilizará un esquema escalonado compuesto por tres niveles.

El primero será el arresto o la prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de recurrir a dispositivos electrónicos de monitoreo. Se trata de la alternativa de menor intensidad entre las medidas que restringen la libertad ambulatoria.

El segundo nivel estará constituido por los denominados Establecimientos de Puertas Abiertas. En esos espacios, los adolescentes permanecerán alojados bajo un régimen institucional, aunque sin las características propias de una cárcel. El objetivo será brindar acompañamiento y mantenerlos bajo el cuidado de personal civil especializado.

El tercer escalón corresponderá a los hechos de mayor gravedad. En esos casos se dispondrá el alojamiento en los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil, establecimientos de puertas cerradas que cuentan con mayores condiciones de seguridad.

La estructura procura que un adolescente involucrado en un delito de menor gravedad no reciba la misma respuesta que otro acusado de participar en un hecho violento o extremadamente grave.

Un régimen diferenciado de los adultos

La ley alcanza a los adolescentes de entre 14 y 17 años imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales. Uno de sus principios centrales establece que, en ningún caso, podrán ser alojados junto con personas adultas.

Las medidas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados y bajo condiciones adecuadas para menores de edad. Además, la normativa fija en 15 años el límite máximo de las penas de prisión y excluye expresamente la posibilidad de aplicar prisión perpetua.

Santa Fe llega a esta instancia con una estructura de Justicia Penal Juvenil ya existente. Desde 2023 cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil, una ley de ejecución de penas y diferentes institutos destinados al alojamiento de adolescentes.

Por esa razón, la implementación de la nueva legislación nacional no requerirá la creación de un sistema desde cero. El principal desafío será adaptar los recursos existentes, establecer qué respuesta corresponde en cada caso y garantizar que los adolescentes sean alojados según la gravedad del delito y bajo las condiciones especiales fijadas por la normativa.

La ley nacional también invita a las provincias a adecuar sus disposiciones procesales y administrativas. En Santa Fe, el cambio tendrá especial impacto en ciudades con una elevada conflictividad penal juvenil, como es el caso de Rosario y su zona de influencia, donde el nuevo esquema deberá articularse con los organismos judiciales, administrativos y de seguridad que ya intervienen en este tipo de causas.