La firma IDM, una de las plantas dedicadas al tratamiento, neutralización y disposición final de residuos industriales peligrosos en la región de San Lorenzo, atraviesa un duro conflicto tras el recambio de sus autoridades. A la par de la reactivación de sus instalaciones, la nueva conducción empresarial enfrenta una escalada de protestas, escraches y demandas por vías de hecho en un escenario que ya escaló al fuero penal.

El conflicto comenzó tras la adquisición del paquete accionario de la firma por parte de un grupo inversor a finales de 2025. Desde entonces, Jorge Aragón, quien dice actuar en representación de socios minoritarios de la empresa, instaló un colectivo tipo Motorhome frente a los portones del predio industrial para llevar adelante medidas de fuerza.

Sin embargo, las acciones derivaron en denuncias por hostigamiento, difusión de audios y un reclamo económico que, según consta en la investigación judicial, no posee sustento formal en los libros societarios ni en los registros laborales de la compañía.

En el marco penal, el expediente registró un momento decisivo durante la audiencia de Revisión de Medidas Cautelares en la causa judicial, cuando el juez Carlos Gazza ratificó y profundizó las restricciones sobre el imputado.

El magistrado le impuso la prohibición de acercamiento, el cese inmediato de todo acto de hostigamiento, la obligación de firmar quincenalmente ante la Justicia y la restricción expresa de filmar la planta o realizar publicaciones en redes sociales sobre el conflicto. Durante el debate, la magistratura remarcó que el derecho a la protesta pierde legitimidad legal cuando deviene en maniobras de coacción o intimidación.

La persistencia de los incidentes en la puerta de la planta llevó a que el fiscal del caso, Maximiliano Nicosia Herrero, solicitara una audiencia urgente para pedir la revocación de la libertad condicional de Aragón y dictar su inmediata prisión preventiva. La medida busca garantizar los fines del proceso judicial e investigar la comisión reiterada del delito de desobediencia de órdenes judiciales.

De acuerdo a las constancias documentales sumadas a las causas penal y laboral, no existirían tenencias accionarias ni vinculación laboral de Aragón con la firma, lo que dejó la disputa bajo la lupa judicial como un presunto intento de extorsión económica.