La jueza sanlorencina Griselda Strólogo homologó un acuerdo de conciliación entre un vecino de San Jerónimo Sud y seis mujeres víctimas de un montaje pornográfico creado con inteligencia artificial. El caso, ocurrido hace tres años, sienta un precedente judicial en Santa Fe en materia de violencia digital y de género.

Una jueza del Tribunal de San Lorenzo condenó a un hombre de 51 años de San Jerónimo Sud que había difundido imágenes pornográficas falsas de unas veinte mujeres de su localidad y la región, creadas mediante inteligencia artificial. Las víctimas, jóvenes vecinas del acusado, vieron sus rostros montados en escenas sexuales explícitas que se viralizaron en un canal abierto de la red social Telegram.

El caso ocurrió en 2022 y tuvo repercusión pública en 2023, cuando las afectadas comenzaron a denunciar los hechos ante la Fiscalía de San Lorenzo. Las imágenes, generadas mediante programas de edición y manipulación digital, vulneraron la intimidad, el honor y la integridad de las víctimas, provocando un daño psicológico y social profundo.

El hallazgo y la investigación

Las denuncias se presentaron en la Fiscalía a cargo del fiscal Aquiles Balbis, quien tras una investigación exhaustiva identificó al responsable: Luciano Larrabeitía, un comerciante local y dueño de una verdulería, con antecedentes por distribución de material pornográfico que habían sido archivados años atrás a raíz de una denuncia de la organización Missing Children.

Con una orden judicial, se allanó su vivienda en San Jerónimo Sud, donde se secuestraron seis teléfonos celulares, dos pendrives, una notebook, 29 discos, una cámara fotográfica y varios dispositivos de almacenamiento. Todo ese material fue analizado por peritos informáticos, quienes comprobaron la creación y difusión de los montajes.

El proceso judicial y la audiencia clave

El miércoles, en los Tribunales de San Lorenzo, se celebró una audiencia en la que se selló una conciliación entre el acusado y seis de las víctimas, bajo la homologación de la jueza Griselda Strólogo.

La resolución contempló una pena económica y la obligación de tratamiento psicológico, además de un pedido público de disculpas de parte del acusado.