El acusado, de 57 años, enfrenta un pedido de cuatro años de prisión efectiva. La Fiscalía sostiene que, pese a tener una prohibición judicial de acercamiento, protagonizó reiterados episodios de amenazas, hostigamiento y persecución contra la mujer durante julio y agosto de 2025.

En los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez comenzó el juicio oral contra Oscar D., de 57 años, acusado de incumplir reiteradamente una orden judicial de prohibición de acercamiento a su expareja, en una serie de hechos registrados en la ciudad de Totoras.

El debate está a cargo del juez de primera instancia Romanini, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal Santiago Tosco, de la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva para el imputado, a quien atribuye seis hechos independientes de desobediencia judicial, dos de ellos en concurso ideal con amenazas simples, todos en concurso real, en grado consumado y en calidad de autor.

Amenazas y reiterados incumplimientos de una orden judicial

De acuerdo con la acusación, los episodios se produjeron entre el 30 de julio y el 8 de agosto de 2025, pese a que el hombre había sido notificado personalmente de una prohibición de acercamiento dictada el 17 de junio de ese año por el Juzgado de Familia de Cañada de Gómez.

La medida le impedía acercarse a la víctima y mantener contacto con ella por cualquier medio.

El primero de los hechos ocurrió el 30 de julio de 2025, alrededor de las 6.50, cuando el acusado se habría presentado en las inmediaciones del domicilio de su expareja, en Totoras. Según la Fiscalía, en esa oportunidad amenazó a la mujer y le arrojó un objeto que impactó contra su espalda, provocándole temor.

Dos días después, el 1 de agosto, aproximadamente a la misma hora, el hombre habría vuelto a acercarse a la víctima cuando esta se dirigía a su trabajo. El episodio tuvo lugar en inmediaciones del Parador Internacional Totoras, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, en el sector de las vías ferroviarias. Según la acusación, se aproximó en bicicleta y profirió nuevas amenazas.

La secuencia continuó el 2 de agosto, alrededor de las 22.45, cuando el imputado presuntamente se presentó en la vivienda de la mujer y arrojó una piedra que dañó una de las ventanas de su dormitorio.

Hostigamiento en el lugar de trabajo y persecuciones

La Fiscalía también describió otros episodios ocurridos durante los días siguientes.

El 7 de agosto, cerca de las 21.30, el acusado habría concurrido nuevamente al parador donde trabajaba su expareja, incumpliendo la restricción judicial.

Asimismo, la acusación menciona una situación registrada el 8 de agosto, alrededor de las 16, cuando el hombre habría permanecido en una garita de colectivos ubicada sobre la Ruta 34, frente al lugar de trabajo de la mujer. Según el relato fiscal, se retiró al advertir la aproximación de un móvil policial.

Ese mismo día, también alrededor de las 16, se le atribuye otro episodio en la intersección de Urquiza y Pueyrredón, donde habría insultado a la víctima con expresiones obscenas en plena vía pública, nuevamente en violación de la medida judicial.

Finalmente, el 8 de agosto, cerca de las 18.30, el imputado habría seguido en bicicleta a su expareja mientras ella se dirigía a su domicilio por bulevar Colón, entre Tucumán y avenida San Martín, en Totoras.

La Fiscalía pidió cuatro años de prisión efectiva

Para el Ministerio Público de la Acusación, los episodios constituyen una sucesión de incumplimientos de una disposición judicial destinada a proteger a la mujer, con situaciones que incluyeron presuntas amenazas, intimidaciones y seguimientos.

En ese contexto, el fiscal Santiago Tosco solicitó que el acusado sea condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

El juicio continuará bajo la conducción del juez Romanini, quien deberá evaluar las pruebas y los argumentos de las partes antes de dictar sentencia.

Por el momento, los hechos forman parte de la acusación fiscal y el imputado conserva su estado de inocencia hasta que exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.