
Gabriel M. enfrenta cargos por abuso de armas, lesiones leves agravadas y portación de un arma de fuego de guerra. El hecho ocurrió en agosto de 2025 y dejó a un hombre herido de bala durante un violento episodio en la vía pública.
Este lunes comenzó en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo el juicio oral contra Gabriel M., acusado por un violento episodio ocurrido en agosto de 2025 en esta ciudad. El debate es llevado adelante por el juez de Primera Instancia Ariel Cattaneo.
La fiscal Melisa Serena atribuyó al imputado los delitos de “abuso de armas”, “lesiones leves agravadas” y “portación de arma de fuego de guerra”, y solicitó una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho se produjo el 9 de agosto de 2025, minutos antes de las 21, cuando Gabriel M. circulaba en una motocicleta Honda CG Titan 150 junto a un familiar, quien portaba una pistola calibre 9 milímetros.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, ambos interceptaron primero a un hombre que caminaba por calle 25 de Mayo, a quien le preguntaron por el paradero de su hijo. Ante la respuesta negativa, el acompañante del acusado efectuó disparos al aire.
Posteriormente, al llegar a la intersección de 25 de Mayo e Iriondo, los ocupantes de la motocicleta encontraron al joven que buscaban. En ese momento, siempre de acuerdo con la imputación, el familiar de Gabriel M. abrió fuego en dirección a la víctima.
La situación derivó en un enfrentamiento cuando el padre del joven intervino para defender a su hijo, arrojando a ambos ocupantes de la motocicleta al suelo. Durante el forcejeo, el acompañante del acusado habría efectuado un disparo que impactó en el tórax del hombre, provocándole una herida con orificio de entrada y salida.
La Fiscalía también sostiene que, mientras se desarrollaba el incidente, Gabriel M. intentó escapar en la motocicleta, aunque fue impedido por el hijo del hombre herido y por la intervención del personal policial que llegó al lugar.
Con el inicio del debate oral, el tribunal deberá analizar las pruebas y los testimonios incorporados al proceso para determinar la responsabilidad penal del acusado en los hechos atribuidos por el Ministerio Público de la Acusación.
