María Laura Maderna y Gabriel Filipini, abogados querellantes
En una audiencia imputativa celebrada este martes en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, el fiscal Javier Paz imputó a Esteban Delgado por el delito de desobediencia de orden judicial. Tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el juez de Primera Instancia, Ariel Cattáneo, resolvió hacer lugar al pedido y dispuso la medida cautelar, con posibilidad de prórroga automática ante una eventual ampliación de la acusación.
El caso destapó una fuerte controversia en torno al accionar judicial previo. Durante la audiencia, la querella que representa a las víctimas, a cargo de los abogados Gabriel Filipini y la María Laura Maderna, adhirió al pedido del fiscal Paz, pero expuso severas críticas hacia la gestión anterior del caso.
Según denunciaron los querellantes, Delgado había recuperado la libertad el pasado 2 de julio debido a una presunta negligencia del fiscal saliente, Maximiliano Nicosia, quien no presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga de la prisión preventiva, ni notificó a las partes sobre los recursos de apelación vigentes.
"Lo que ocurrió fue gravísimo, se expuso a las víctimas a una grave situación y además han afectado realmente nuestro trabajo como operadores judiciales. No lo vamos a permitir y por eso queremos que no solamente se realice la auditoría, sino que se impongan sanciones a quienes son responsables", expresó el Dr. Filipini en la sala.
Los abogados querellantes también señalaron una presunta irregularidad por parte de la defensa pública, acusándola de haber fijado para el imputado un domicilio a escasos 300 metros de las víctimas, cuando existía una restricción perimetral vigente de 500 metros.
El dramático trasfondo familiar: el caso Sofía Delgado
La situación de las víctimas está marcada por un profundo trauma y una larga lucha judicial. Los abogados destacaron que la familia no solo enfrenta las secuelas de los abusos intrafamiliares denunciados inicialmente en 2022, sino también el dolor por el brutal homicidio de Sofía Delgado, quien fue la primera en tener la valentía de denunciar a su progenitor.
El impacto psicológico sobre Lourdes, una niña menor de edad que quedó al cuidado de la querellante, ha sido devastador. Según el relato expuesto en la audiencia, la menor y su familia debieron encerrarse en su domicilio tras enterarse de la sorpresiva liberación de Delgado a principios de julio.
También recordaron que en el pasado, debieron intervenir judicialmente para suspender la responsabilidad parental de ambos progenitores, ya que la madre obligó a las víctimas a pedirle disculpas al abusador por haberlo denunciado, y destacaron que fue necesaria una orden del juez de familia, Marcelo Escola, para reinsertar a Lourdes en el sistema educativo tras un año de desescolarización forzada.
Auditoría y nuevas medidas de protección
Frente al escándalo generado por la liberación temporal del acusado, las autoridades judiciales ordenaron una auditoría interna para investigar las responsabilidades detrás de la falla procesal que permitió la libertad de Delgado.
Según revelaron los querellantes, la fiscal interinstitucional Mariana Luna y la fiscalía general se comunicaron directamente con las víctimas para garantizar su resguardo, estableciéndose una custodia policial permanente para la familia afectada.
Finalmente, los abogados destacaron la rápida reacción de la actual Unidad Fiscal de Género, el trabajo a contrarreloj del fiscal Paz y las nuevas medidas de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de San Lorenzo que implementó un sistema de alertas y canales exclusivos de WhatsApp para asegurar la notificación inmediata a las víctimas, buscando evitar que un error de esta magnitud vuelva a poner en peligro a quienes buscan justicia.