Gendarmería realizó procedimientos en distintas localidades del Gran Rosario. Incautaron once automotores, una motocicleta, ocho relojes Rolex y casi cinco millones de pesos. La investigación federal busca establecer el origen del patrimonio vinculado al exjefe de la barra de Rosario Central.
Una investigación por presunto lavado de activos vinculada al entorno de Andrés “Pillín” Bracamonte derivó en allanamientos en Rosario, San Lorenzo, Granadero Baigorria e Ibarlucea, con el secuestro de vehículos, relojes de lujo, dinero, un arma y documentación.
Los procedimientos fueron ejecutados por Gendarmería Nacional durante la última semana de septiembre y sus resultados trascendieron en las últimas horas. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, en el marco de una pesquisa impulsada por fiscales federales.
Una empresa de San Lorenzo, entre los objetivos
Uno de los allanamientos alcanzó a la sede de ATE Servicios Integrales SRL, ubicada en Alemania al 1100 de San Lorenzo. Según se informó, la firma es administrada actualmente por la última pareja de Bracamonte.
También fueron registradas propiedades vinculadas a familiares y allegados del exlíder de la barra, entre ellas una vivienda del country Los Álamos, en Ibarlucea, y domicilios de Rosario y Granadero Baigorria. La investigación involucra, además, al exdirigente de la Uocra Rosario Carlos Vergara.
Qué secuestraron
De acuerdo con el detalle que se dio a conocer, los efectivos incautaron once automotores -entre camionetas y autos-, una motocicleta de 1.200 centímetros cúbicos, ocho relojes Rolex y 4.834.800 pesos en efectivo.
También secuestraron una pistola calibre .22 con cargadores y municiones, computadoras, teléfonos de alta gama, unidades de almacenamiento y documentación de interés para la causa. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Sección de Investigaciones de Delitos Económicos “Rosario”, con apoyo de unidades de la Agrupación XV de Gendarmería.
La investigación sobre el patrimonio
En la causa intervienen Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Federico Reynares Solari, de la Unidad Fiscal Rosario.
Según se pudo reconstruir, la hipótesis fiscal sostiene que, después del asesinato de Bracamonte en noviembre de 2024, personas de su entorno continuaron administrando, utilizando y transfiriendo bienes cuyo origen se investiga.
Los fiscales solicitaron embargos por hasta 600 millones de pesos, medidas preventivas sobre diecinueve vehículos y el decomiso sin condena de bienes que figuraban a nombre de Bracamonte. Se trata de pedidos de la acusación, que deben distinguirse de los secuestros ya concretados durante los allanamientos.
La pesquisa patrimonial tiene antecedentes en una investigación provincial iniciada en 2020. Entre las maniobras bajo análisis aparecen presuntas extorsiones a constructoras del Cordón Industrial para que contrataran servicios de empresas vinculadas a Bracamonte y Vergara.
El avance de la causa busca determinar el origen de los fondos y la eventual responsabilidad de quienes habrían intervenido en las operaciones. Los allanamientos y secuestros constituyen medidas de investigación y no implican, por sí mismos, una declaración de culpabilidad.