El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desregulación liderado por Federico Sturzenegger, avanza en un proyecto de decreto que promete sacudir los cimientos de la navegación comercial en Argentina. La medida busca eliminar la obligatoriedad del servicio de practicaje y pilotaje, una función estratégica que ha garantizado la seguridad en puertos y vías fluviales durante más de un siglo y medio.

Bajo la premisa de "reducir costos" para el comercio exterior, la iniciativa propone liberar a los buques extranjeros de la necesidad de contratar peritos locales para navegar los complejos canales del Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay. Sin embargo, lo que se presenta como una ventaja económica podría convertirse en una catástrofe logística y ambiental.

¿Qué es un práctico y por qué su ausencia es peligrosa?

El "práctico" no es un simple asesor; es un marino mercante de altísima calificación, formado por la Armada Argentina, que posee un conocimiento milimétrico de las corrientes, los bancos de arena y las variaciones de profundidad de los ríos. Su función es tomar el mando de buques de gran calado -que pueden transportar químicos, combustibles o miles de toneladas de granos- para evitar que encallen o colisionen.

La propuesta oficial sugiere que esta supervisión técnica ya "no es relevante". Esta afirmación ignora los riesgos críticos de la navegación fluvial.

Uno de ellos es el riesgo de encallamiento ya que los ríos argentinos son dinámicos, donde los sedimentos cambian el lecho constantemente. Un capitán extranjero, sin experiencia local, podría bloquear el canal principal de exportación del país en cuestión de minutos.

También se corre el riesgo de colisiones y desastres ambientales porque la libre navegación de buques extranjeros "sin supervisión" aumenta exponencialmente la posibilidad de choques en zonas de maniobra restringida, con el consecuente riesgo de derrames de petróleo o sustancias tóxicas.

Además se procuciría una concreta pérdida de soberanía técnica, toda vez que el permitir que naves de otros países circulen sin el control de un perito argentino, el Estado pierde de facto el control sobre quién y cómo se transita por sus arterias vitales.

Un ahorro que podría salir muy caro

El argumento del Gobierno se centra en que el costo del practicaje encarece las exportaciones. No obstante, especialistas del sector advierten que el ahorro en la tarifa es ínfimo comparado con el costo de un puerto bloqueado o un desastre ecológico que el Estado debería remediar con fondos públicos.

"El practicaje se realizó durante 150 años para que los navíos no se estrellen. Decir que hoy 'no es relevante' es ignorar la geografía de nuestros ríos", advierten fuentes vinculadas a la formación naval.

La medida no solo desregula el precio, sino que abre la puerta a una "apertura brutal" donde los buques extranjeros tendrían luz verde para operar prácticamente sin supervisión estatal. Al despojar a la Armada de su rol histórico en la formación y toma de exámenes de estos profesionales, el país entrega la llave de sus ríos a los intereses de las empresas navieras internacionales.