Marcelo Remondino

Marcelo Remondino

Defensa del consumidor

Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

 Así lo dispuso un juez de faltas en la Provincia de Bs. As. De esta manera se le ordena a la Nueva Escuela Argentina a cobrar los valores de 2016, tras la presentación que realizó un grupo de madres y padres.

En marzo de este año un grupo de madres y padres de alumnos que asisten a ese establecimiento educativo presentó una denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, porque consideraron que los aumentos en las cuotas fueron exagerados. Los incrementos que aplicó el colegio fueron en todos los niveles.

La resolución se basa en la legislación que establece que para fijar los aranceles, los establecimientos de educación privada sin aporte estatal deben obtener la mayoría de los consentimientos de forma “individual y expreso” de todos los padres o responsables de los alumnos.

El Juzgado de Faltas Nº 2 de la Municipalidad de La Plata -con competencia en defensa del consumidor- a cargo de Dante Rusconi, ordenó a la Nueva Escuela Argentina  a que retrotraiga el valor de las cuotas para todos sus alumnos de todos los niveles a los vigentes al mes de noviembre de 2016.

Los padres indicaron que en agosto de 2016 los valores de los aranceles rondaban los 3.300 pesos, agregaron que les hicieron firmar la propuesta de aranceles para 2017, pero sin especificar los montos.  A principios de este año la institución repartió en sobres cerrados los nuevos valores de las cuotas con incrementos superiores al 50%.

En la oficina de Defensa del Consumidor se intentó arribar a un acuerdo entre los denunciantes y el colegio, pero no fue posible. El establecimiento argumentó que en el Reglamento Interno se había reservado la posibilidad de modificar los valores, y que además la situación económica y los aumentos de los docentes justificaban los incrementos en los aranceles.

Los denunciantes insistieron y pidieron el dictado de una medida preventiva, por este motivo, intervino el juez Dante Rusconi que “colectivizó” el expediente, a considerar que se trata de un típico caso de “derechos de incidencia colectiva” que excede el plano individual.

Además, en la sentencia se destaca que el marco legal de aplicación de los aranceles de los establecimientos de educación privada, obliga a los colegios a presentar todos los años ante las autoridades una declaración jurada mediante la cual acrediten que el contrato educativo cuenta con la conformidad individual y expresa de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento.

Fuentes: Infocielo

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418. Para atención personalizada, dirigirse a Av. San Martín y Salta (SUPEH), los días jueves de 09.00 hs. a 13.00 hs.

 

Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

 

 Las cláusulas generales por rescisión o baja impuestas por la Administradora, se cuestionan por abusiva, fundada en que no se abonan los importes aportados con intereses -parece desconocer que la cláusula de ajuste que se estipula es con relación al valor del bien tipo, lo que en estas épocas inflacionarias, sin lugar a dudas presenta permanente actualización- y se cuestiona que por tratarse de un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas, al haber una parte fuerte en la contratación debe dejarse sin efecto la misma.

Las cláusulas contractuales que establecen el tiempo y modo de restitución del dinero aportado por el subscriptor al plan de ahorro previo resultan -a todas luces- abusivas y leoninas. El contrato y sus cláusulas predispuestas impide la inmediata restitución del dinero del suscriptor, permaneciendo el mismo, sin causa alguna, jurídica y económicamente suficiente, en poder de la administradora, hasta la finalización del término allí establecido (finalización o liquidación del plan – a los 30 días del vencimiento de la última cuota mensual del plan), el que resulta notoriamente excesivo, quedando así el suscriptor atrapado en un sistema perverso, impuesto por la administradora, a través del contrato por adhesión, sin posibilidad de recupero del dinero de su propiedad, protegida constitucionalmente (arts. 14, 17, C.N.), sino hasta la finalización de aquél extenso y, por ende, irrazonable período, a cuyo término percibirá -en el mejor de los casos- el “haber neto” que calculará el propio demandado, en base a la variación que haya experimentado el “Bien Tipo”, previa deducción de las medidas y rubros dispuestos en la Cl. 19.4. (fs. 6); esto es, el capital aportado, menos las pérdidas, menos los gastos, menos los pagos que se hubiesen de efectuar, menos la multa impuesta, sin ningún tipo de interés por todo el período, porque recién se prevé que se abonarán intereses vencidos los 30 días de la última cuota del plan, lo que constituye un mecanismo insuficiente de preservación del poder adquisitivo, por lo que el capital originario se verá inexorablemente licuado por el inequitativo sistema así pergeñado por la Administradora, con evidente perjuicio patrimonial para el Subscriptor.

Existe una doble abusividad en las cláusulas convencionales: por un lado, al imponer una irrazonable y arbitraria espera para la restitución de los aportes y en segundo término, en cuanto establece, luego de transcurrido aquél desmesurado y extenso período, la percepción de los aportes disminuidos en forma tal, a través del procedimiento ya descripto, realizado en forma unilateral y discrecional por el propio administrador del plan, que aquéllos se verán absolutamente licuados por el proceso inflacionario, a punto tal que hasta resulta dudoso que con el leonino procedimiento instaurado vaya a quedar algún remanente a cobrar por el suscriptor. De tal guisa, se ve desequilibrada la Justicia conmutativa del contrato.

Por lo que en el caso de rescisión del contrato de plan de ahorro el Subscriptor debe reclamar la suma que resulte del capital oportunamente aportado, menos la multa impuesta (4 %), más los intereses pactados para el caso de mora ( tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales) desde que se hace el pedido formal.

 Fuente: Protectora.org 

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418. Para atención personalizada, dirigirse a Av. San Martín y Salta (SUPEH), los días jueves de 09.00 hs. a 13.00 hs.

 

 

Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

 

Parte I

 

Te contamos un poco de los Planes de Ahorro para la Compra de Automotores.

Lo primero que debemos entender es que le adelantamos la plata a la fábrica de autos para que los construya, sin pagar el costo financiero del capital.

Lo que se hace es un contrato entre cada ahorrista y la administradora constituye un adelanto financiero para la empresa de fábrica, por cuyo motivo debería existir una contraprestación de intereses que es la renta habitual; pero el ahorrista no lo recibe, pues su contribución es calificada como aporte para la formación de un capital común (fondo común) de libre disponibilidad futura por parte del adjudicatario, o como adelanto de precio de un bien o servicio determinado, con lo cual se pone de resalto, así, la verdadera finalidad del círculo, que es financiar la producción de bienes y servicios a las empresas “sin costo financiero”.

A poco que se advierta esta verdadera finalidad, que las empresas mantienen oculta, surge -asimismo- evidente el abuso del mecanismo implementado, pues el financiamiento del sistema de producción de los bienes de que se trata (en el caso: automóviles) pesa -en definitiva- sobre los suscriptores,  en vez de recaer sobre el fabricante; esto es, sobre la parte más débil de la contratación, sin costo financiero alguno para las empresas, que obtienen luego eso sí pingües ganancias con las ventas de los automotores.

En rigor, todos estos sistemas descansan sobre la falsa idea, que no obstante se ha erigido como un dogma de fe, y se debe dejar de lado, en el sentido que todos estos fondos recaudados así por el administrador (que insistimos, se hace de fondos sin costo financiero alguno), pasan a integrar una especie de fondo diferenciado e intangible en la caja de aquél (fondo común). Esta idea es puramente ilusoria, ello puede ser así en la teoría, pues la realidad económica–financiera de estas grandes empresas, dista mucho de ser así. So pretexto de ello o de la solidaridad económica que rige estos sistemas, no puede expoliarse a los ilusos suscriptores que persiguiendo el sueño del 0 Km, firman de buena fe, este tipo de contratos leoninos.

Es -precisamente- en estos casos, en que atento la abismal diferencia de poder económico, jurídico y de contratación existente entre las partes, y donde la Administradora, haciendo abuso de su posición dominante en el mercado, explotando la necesidad, la ilusión de la gente de ver realizado el sueño del tan ansiado 0 Km, hace suscribir contratos predispuestos con cláusulas leoninas, como las de referencia, lo que constituye un aprovechamiento de la situación de inferioridad del suscriptor; es precisamente en estos casos donde existen las facultades de los Jueces para impedir el abuso del Derecho, debiendo interpretarse el ordenamiento jurídico en su conjunto, para impedir la explotación del débil por el poderoso. La enorme desigualdad habida en la realidad fáctica entre las partes debe ser equiparada y equilibrada por los Jueces, interpretando -como decía- todo el ordenamiento jurídico, haciendo prevalecer las Cartas Magnas Federal y Provincial, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos o no, con jerarquía constitucional o no, las leyes que en su consecuencia se dicten y los principios fundamentales que de ellos emanan, protegiendo los derechos esenciales y fundamentales de las personas.

Cualquier tipo de duda debe resolverse en beneficio o a favor del consumidor, por expreso mandato del ordenamiento consumeril, con protección constitucional (art. 42, C.N., Ley N° 24.240 y modif., arts. 3, 37, concs. y corrs.).

 

Fuente: Protectora.org

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418. Para atención personalizada, dirigirse a Av. San Martín y Salta (SUPEH), los días jueves de 09.00 hs. a 13.00 hs.