Josefina González exige detalles de la donación de La Calamita

“Queremos conocer el proyecto para fortalecer allí la memoria y la verdad”

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La diputada nacional Josefina González reclamó al gobierno provincial que dé a conocer el convenio firmado con el dueño del ex centro clandestino de detención ubicado en Baigorria, reclamo que vienen haciendo los organismos de derechos humanos desde que se anunció en febrero el acuerdo para su expropiación. “Queremos que la sociedad conozca el proyecto que se piensa para fortalecer allí la memoria y la verdad de lo que ocurrió en el lugar”, sostuvo.

“Después de años de lucha de los organismos de derechos humanos y de parte de la comunidad de Rosario, Baigorria y del cordón industrial, se logró conseguir una ley para expropiar esta quinta perteneciente a la familia Benzadón y convertirla en un sitio de memoria”, recordó la legisladora del Frente para la Victoria, y agregó: “A riesgo de quedar sin margen para hacerlo realidad por los plazos, el gobierno provincial decidió aceptar que la familia donara una parte más chica en vez de proceder conforme a la ley sancionada, quedando pendiente aún la marcación del lugar”.

“Muchas veces escuchamos que Nunca Más se quiere volver a la época en que los militares tomaron por la fuerza el control de nuestro país, pero es imperioso en este tiempo –que se discuten números, se cuestionan planes sistemáticos y se intenta forzar las leyes y la Constitución para conmutarle penas a personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad– que los dirigentes políticos y el Poder Ejecutivo de nuestra provincia nos comprometamos a no retroceder en este tema que tanto dolor y sufrimiento ha causado”, subrayó la diputada por Santa Fe.

La Tana González remarcó que por La Calamita –que funcionó como centro clandestino de detención en 1976 y 1977– “pasaron más de un centenar de hombres y mujeres que padecieron distintas torturas, violaciones, muchos fueron ejecutados, la muerte de algunos fueron comunicadas en enfrentamientos que jamás existieron y la mayoría fueron enterrados como NN o tirados sus cuerpos a ríos”, y añadió sobre el lugar: “Es una de las muestras de que la última dictadura fue cívico militar, ya que para funcionar necesitó de manos civiles que se ocuparon de alquilarlo y hacer los trámites para obtener los servicios, muchos de ellos utilizados también como instrumentos de torturas brutales”.

En este sentido, la legisladora justicialista repasó su historia familiar con ese lugar: “Conozco bien el funcionamiento de La Calamita, porque Díaz Bessone fue quien ordenó que allí trasladaran a mi mamá primero y luego a mis dos tíos. Fue allí donde recibieron torturas brutales, para luego ser ejecutados por más de una decena de tiros cada uno. Su muerte fue comunicada diciendo que iban en un auto y no acataron la orden de alto”.